Las medidas de confianza mutua naval son herramientas de la diplomacia de los Estados y de las Marinas de Guerra, destinadas a reforzar las relaciones bilaterales y a incrementar la previsibilidad y transparencia de las actividades navales, con el propósito final de disminuir los riesgos de percepciones erróneas, en las relaciones estratégicas entre dos Estados.
La confianza y las medidas de confianza mutua naval, responden a necesidades regionales o locales, que emanan de la creciente incertidumbre a nivel global estratégico y de la perspectiva de construir relaciones diplomáticas y estratégicas de calidad entre los Estados.
Seis principios generales ordenan el proceso de diseño y la implementación de medidas de confianza mutua naval entre dos o más Estados: transparencia, predictibilidad, reciprocidad, comunicabilidad, estabilidad y verificabilidad, en orden a otorgar coherencia a la toma de decisiones en la esfera política y diplomática y en el nivel del sector defensa de los Estados involucrados.
A medida que se desarrolla la tecnologías de las comunicaciones y la información, así como la industria marítima y la ingeniería naval y que se multiplica el acceso masivo a la información en la sociedad contemporánea, el rol de las marinas de guerra sigue siendo fundamental, especialmente para los Estados costeros, para otorgar seguridad y disuasión al ejercicio de sus propios intereses nacionales.
En la segunda década del siglo XXI, los mayores desafíos de seguridad nacional, que pueden afectar los intereses nacionales, se centran principalmente en los riesgos asociados a la vulnerabilidad energética, la fragilidad de los ecosistemas y el medio ambiente, la presión de potencias hegemónicas y corporativas sobre los recursos naturales y la necesidad de garantizar condiciones de paz, estabilidad y sustentabilidad del desarrollo nacional y de preservación del patrimonio ecológico territorial.
Las instituciones de la Defensa se enfrentan a estas nuevas tareas y desafíos.
En los mares del Sur y en particular en el Pacífico Sur y el Atlántico sur, la necesidad de garantizar la seguridad, se relaciona tanto con el libre tránsito marítimo y el libre acceso a los espacios antárticos y del océano Austral, como a los requerimientos de disminuir los riesgos de desastres naturales y de accidentes en el mar, así como la preservación y la acción preventiva y de vigilancia para proteger los recursos naturales y los recursos marinos y evitar su depredación.
Paradójicamente, en tiempos de paz prolongada o de ausencia de factores polemológicos susceptibles de desencadenar conflictos, la seguridad y la estabilidad en los mares, deviene una función cuyo valor se deprecia cultural y socialmente, a medida que el monto de la inversión en defensa aumenta. La navegación comercial y las múltiples actividades que se realizan en las costas y en los territorios marítimos, cuentan con un factor de certeza y de seguridad, que les proporcionan las flotas navales de cada Estado.
Por lo tanto, los recursos que cada Estado costero puede destinar al despliegue de medidas de confianza mutua y de colaboración marítima y naval con sus Estados costeros vecinos, contribuye indirectamente a reforzar la paz, a garantizar el desarrollo y a hacer más efectiva y actualizada la labor del instrumento naval.
La continua presencia de Estados extracontinentales en los mares del Sur, tanto en la extracción ilegal de recursos ictiológicos, la depredación constante, ilegal y periódica de ballenas y otras especies fundamentales para los ecosistemas marinos, la creciente explotación offshore de recursos energéticos, así como la escasez y necesidad de acceder a nuevas fuentes del recurso agua, generan en los océanos australes un conjunto de factores geopolíticos y geoestratégicos, donde el interés nacional de los Estados directamente ribereños se encuentra en creciente conflicto y contradicción con los intereses nacionales de algunas potencias hegemónicas globales.
Es en este contexto de incertidumbre global donde las medidas bilaterales y multilaterales de confianza mutua naval, y las consiguientes medidas de cooperación y complementación en la esfera naval, pueden contribuir decisivamente a mejorar la postura de los Estados sudamericanos en materia de defensa de la soberanía energética y la soberanía alimentaria y de preservación mutua del patrimonio ecológico territorial.
Es en los mares y océanos donde el patrimonio ecológico territorial se relaciona con mayor pertinencia y urgencia, con la defensa de la soberanía nacional.
En particular, los espacios antárticos – el océano Austral, los mares circundantes y el territorio continental e insular de la Antártica- constituyen un espacio privilegiado para el desarrollo de la cooperación mutua, y para el ejercicio cooperativo de las medidas de confianza naval en un territorio dedicado exclusivamente a la paz y a la ciencia. En el caso de Chile y Argentina, los dos Estados sudamericanos más próximos geográficamente de la Antártica, la cooperación logística, la acción naval conjunta de prevención de accidentes y desastres y de vigilancia en los espacios marítimos y aéreos australes, son un avance significativo en la diplomacia naval y en el desarrollo de relaciones equilibradas y mutuamente convenientes para ambos países.
Las marinas de guerra de cada Estado tienen en este campo una tarea considerable de participación directa en la defensa de la soberanía nacional y de compromiso con la paz y la seguridad internacionales.
Manuel Luis Rodríguez U.
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